El 19 de marzo de 2018, el gobierno de Estados Unidos emitió una nueva Orden Ejecutiva relacionada con Venezuela, cuyo efecto práctico es la prohibición de las operaciones con el petro.
Dicha Orden considera que, al emitir el petro, el gobierno de Nicolás Maduro intentó eludir las restricciones previamente adoptadas en relación con las operaciones de deuda venezolana. En favor de su argumento, la Orden invocó las decisiones de la Asamblea Nacional de denunciar la inconstitucionalidad de la criptomoneda.
En resumen, la decisión prohíbe toda transacción realizada por sujetos con nacionalidad de Estados Unidos o realizada en Estados Unidos, en relación con cualquier moneda o activo digital emitida por el Gobierno de Venezuela o en su nombre, desde el 9 de enero de 2018.
Dicha prohibición alcanza, por ello, al petro, así como a cualquier operación que pretenda eludir esta nueva restricción, según la Orden. En realidad, desde el momento en que el gobierno venezolano anunció su decisión de emitir el petro, podía concluirse que tal herramienta constituía una “deuda nueva” a los fines de la aplicación de las restricciones derivadas de la Orden Ejecutiva emitida por el gobierno de Estados Unidos, como se asomó en la aclaratoria número 551, publicada el 19 de enero por la OFAC.
La nueva Orden Ejecutiva aclara esta conclusión y ratifica que las operaciones con el petro, como sucede con la nueva deuda, quedan igualmente prohibidas a los fines del ámbito estadounidenses.
Más allá del alcance económico real que pueda tener la propuesta del gobierno de Nicolás Maduro de emitir el llamado petro, esta nueva medida del Gobierno de Estados Unidos profundiza la debilidad institucionalidad de la criptomoneda, la cual en el fondo, como ya explicamos en Prodavinci, puede equipararse a una inconstitucional operación de crédito público.
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